Ahora que el tema Conga ha movilizado a toda una región protestando por el impacto medioambiental del proyecto minero, muchos especialistas han caído en cuenta de que es necesario que el Estado peruano adopte políticas fiscalizadoras para la explotación de los yacimientos mineros, en especial la minería de tajo abierto.
Estos mismos especialistas coinciden en señalar que todo esto no ocurriría si es que el Estado observara una actitud mucho más vigilante y protectora del medio ambiente al momento de dar luz verde a un proyecto minero en nuestro país. Al parecer, muchos proyectos son aprobados sin un estudio de impacto ambiental o en todo caso con el EIA aun sin concluir.
En el caso de Cajamarca y Yanacocha ahora se reconoce que desde hace más de 12 años que opera la minera en la región, no se ha cumplido regularmente con la protección del medio ambiente lo que convirtió al proyecto Conga en el detonante de un reclamo que tenía los días contados para estallar.
Cuando se hacen comparaciones con otros países mineros, como Canadá, Australia o Nueva Zelanda, se afirma que en estos países no ocurren conflictos mineros porque las empresas operan una vez resueltos todos los aspectos contractuales y medioambientales. Lo mismo podría ocurrir en el Perú si se siguen las reglas del juego con prolijidad.
Pero pienso que aquí no solamente es responsabilidad del Estado sino también de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo que, pese a ser parte interesada porque es la entidad que agrupa a las compañías mineras y petroleras, debería preocuparse porque la actividad minera se desarrolle sin ningún tipo de restricción.
Por ahora confiemos que con la experiencia de Conga, y todos los inconvenientes ocasionados, que incluyen bloqueos de carreteras, violencia social y pérdidas millonarias para la actividad minera, el gobierno reflexione y analice la situación con la finalidad de adoptar medidas que garanticen el normal funcionamiento de la minería en el país.
Andrés Sánchez Alayo
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